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El Estado lucra con el vicio |
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escrito por losandes.com.ar/
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Hay actividades legales que son intrínsecamente malas y son peores cuando es el gobierno quien las fomenta y administra por el mero afán de recaudar a cualquier costo y de cualquier forma. En los últimos tiempos -se debe reconocer- de las manos del Gobierno provincial y de algunas municipalidades se ha profundizado la democratización del vicio del juego, una de las peores adiciones que puede apoderarse de una persona.
No se trata de moralina ni de discurso fácil. Al contrario, es difícil oponerse a una práctica que se ejerce con cierto rubor, pero a la que los adictos no pueden escapar porque se trata de una dependencia, con la que lucra el Estado. Por eso, nuestra opinión no está dirigida contra las víctimas del juego sino contra quienes las atraen para hacerles dejar su dinero, que no pocas veces es el de la comida diaria, del alquiler y de los servicios.
En Rivadavia funciona un casino oficial, al que concurre gente de pocos recursos, tanto es así que a la puerta del garito puede observarse una fila de bicicletas, un medio de locomoción que -generalmente- revela el estatus económico de su dueño. Un comerciante del lugar dijo a Los Andes: "Hay gente que me cuenta que se gastó la plata de los impuestos y no sabe qué hacer".
Este problema se veía venir y este diario se opuso oportunamente a la proliferación de timbas en la provincia, presentada por las administraciones de turno como grandes obras de gobierno.
El vicio del juego destruye la personalidad, o se vale de personalidades deterioradas para instalarse como una verdadera y grave enfermedad, una compulsión morbosa que termina privando a la familia de su sustento, su salud y su educación, por no ahondar mucho en las consecuencias.
Una jugadora compulsiva, empleada doméstica, confesó en el interior del casino de Rivadavia: "No lo puedo frenar. Me queda de paso y todos los días vengo, creyendo que puedo ganar. Se te hace un vicio". La mujer tiene esposo, nueve hermanos y padre y todos han caído en las redes del juego, que de entretenimiento pasó a ser un grave problema. "Mi papá vive en el campo y nos retaba porque veníamos al Casino. Un día lo trajimos y ahora no lo podemos frenar, se viene desde la finca para apostar. Peso que agarramos, lo apostamos".
Los garitos de juego fomentan consecuencias no deseadas como la proliferación de casas de empeño y de usureros, el alcoholismo y la prostitución, entre otras. No se acusa a los propietarios de las casas de juego de ejercer ni de favorecer estas actividades, sino que se debe aclarar que -como la miel a las moscas- el juego trae consigo fatalmente su cohorte de vicios y prácticas nocivas.
En Rivadavia, San Martín, Alvear y Malargüe hace dos años el Estado instaló máquinas tragamonedas con el fin de recaudar. Lo logró porque en sociedad con la firma española Cirsa, esos casinos ganan más de 27 millones de pesos al año. Y, como informamos, estos ingresos "en todos los casos duplican y hasta cuadruplican la recaudación que cada municipio logra por el pago de tasas."
El director del Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia, Miguel Ángel Alonso, sostuvo que "cuando asumimos vimos dos cosas. Una, que había mucho juego clandestino, porque el hombre juega por naturaleza. Y que no estábamos respondiendo a la demanda. Cuando no hay oferta oficial, busca por otro lado y por eso se alimenta el juego clandestino."
No hay datos que demuestren que con la proliferación de garitos bajó efectivamente el juego clandestino; es falso que el hombre sea fatalmente y por naturaleza jugador y el Estado no debe proveer a la demanda de juego. Es de esperar que con el razonamiento precitado no se esté pensando en oficializar otras actividades hoy condenadas y reprimidas.
A través del vicio del juego se apela a una dependencia psicológica ya que no se trata, en la mayoría de los casos, de una actividad libremente elegida y ejercitada con conciencia, sino de la satisfacción de un compulsión, quizá peor que la que ata a las drogas, el alcohol y el tabaco.
El hombre juega -en demasiados casos- por un impulso autodestructivo que no requiere la ayuda del Estado. Es una costumbre perniciosa que el gobierno debe combatir y no facilitar, y mucho menos valerse de ella para recaudar dinero a menudo de los más necesitados y desprotegidos. |
