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Los trabajadores del Casino se movilizan por el convenio |
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escrito por eldiariomontanes.es/
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Los trabajadores del Gran Casino del Sardinero comenzarán a movilizarse el
jueves para que el mantenimiento del poder adquisitivo de sus retribuciones no
les cueste más hora de trabajo o la desaparición de las categorías
profesionales.
UGT y CC OO denunciaron públicamente ayer que la empresa gestora Comar (el
casino es de propiedad del Gobierno cántabro y del Ayuntamiento de Santander,
pero la gestión es privada) pretende condicionar una subida salarial equivalente
al IPC (Índice de Precios al Consumo) al incremento de la semana laboral de 38,5
a 40 horas y la desaparición de las categorías laborales.
Ante esta
pretensión de la empresa, los trabajadores iniciarán el próximo jueves una serie
de movilizaciones. La concentración se llevará a cabo en Puertochico, a partir
de las 12.00 horas. Un día después se realizará otra frente al Ayuntamiento de
Santander, a la misma hora.
Luis Ángel Ruiz Cardín y Emilio de Cos,
secretarios generales de las federaciones de Hostelería y Juego de UGT y CC OO,
respectivamente, denunciaron ayer que la negociación del convenio colectivo está
bloqueada ya que la empresa Comar «pretende que los trabajadores pierdan sus
derechos».
Recordaron que cuando se privatizó el casino, buena parte del
mérito en su reflotamiento recayó sobre las espaldas de la plantilla, que se
redujo en un 40% y que, según los sindicatos, ha visto mermado su poder
adquisitivo un 20%. El mantenimiento de éste, equiparando la subida salarial a
la evolución del IPC, es la principal reclamación para el nuevo convenio
colectivo.
Corregida la situación, e internado el casino en la senda de
los beneficios, «es el momento de corregir la pérdida de poder
adquisitivo».
Ambos sindicatos se han dirigido, sin obtener aún
respuesta, al Consejo de Administración, en el que están representados los
partidos políticos -PSOE, PP y PRC-, y también expresamente al alcalde de
Santander, Gonzalo Piñeiro, y al presidente regional, Miguel Ángel Revilla. Se
les pide que medien en este conflicto y «se cumplan los compromisos políticos
adquiridos durante el proceso de privatización» que contemplaban que «el Consejo
tendría la tutela de los trabajadores». |
