Los camaristas Nélida Daniele y Eduardo Russo, de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ratificaron la resolución del juez porteño Roberto Gallardo en cuanto a la inconstitucionalidad de “la transferencia total (al Gobierno de la Ciudad) del poder de policía en materia de fiscalización de juegos y la necesidad de autorización concurrente de Lotería Nacional para nuevos juegos”.
De esta manera el tribunal de alzada convalidó el fallo de primera instancia de Gallardo –un juez enfrentado con el Ejecutivo porteño– y desestimó la apelación que había presentado la administración del ahora suspendido jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo cuestiona el convenio firmado por el gobierno porteño con Lotería Nacional, que establecía una virtual cesión de derechos de la explotación de una parte del juego en la Capital Federal –además del casino flotante, las máquinas tragamonedas que funcionan en el Hipódromo–, pese a lo que estipula la Constitución de la Ciudad.
También cuestiona la autorización para la instalación del barco casino y una resolución de 2002 que “prorrogó la concesión del existente y autorizó la instalación de uno nuevo”.

“No puede dejar de reiterarse que sin perjuicio de que resulta a todas luces ilegal la instalación de un nuevo casino en Buenos Aires, la falta de licitación para la concesión de este segundo barco, que se suma a la falta de licitación para la instalación del primero, resulta de imposible encuadre legal”, establecieron los jueces.

En cuanto a la orden de Gallardo de proceder a clausurar esos sitios de juego, los jueces sostuvieron que “no escapan al tribunal las dificultades existentes para efectivizar de manera inmediata la clausura de la sala de casino ubicada en el puerto de la ciudad y las tragamonedas del hipódromo, atento la posible afectación de bienes e intereses de Lotería Nacional y las limitaciones fácticas impuestas por la dependencia aún de la totalidad de la Policía Federal del Estado Nacional”.

No obstante ello, ordenaron al gobierno porteño “que realice las gestiones necesarias y progresivas para obtener la colaboración indispensable del gobierno nacional en la tarea de remoción de las concesiones opuestas a la legislación local”.

El 8 de octubre de 1999 se inauguró el casino flotante en Dársena Norte. El mismo día la Ciudad lo clausuró, pero la Lotería Nacional permitió su apertura. El 22 de marzo de este año la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad y la nulidad del acuerdo celebrado en 2003 entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la ciudad, y ordenó la clausura del Casino Puerto Madero.