La resolución rechaza el recurso del Casino de Juego Gran Madrid, situado en la localidad madrileña de Torrelodones, que defendía su derecho a prohibir la entrada al local a un grupo de jugadores que, durante un largo periodo de tiempo, determinaron la frecuencia de los resultados de la ruleta, y tomando como base esas tendencias, podían predecir resultados con mínimo margen de error.

El casino consideró que se trataba de la comisión de "irregularidades en la práctica de los juegos", que es causa de prohibición de acceso al local según el Reglamento de Casinos de Juego aprobado por el Ministerio del Interior en 1979.

El Supremo rechaza el argumento por entender que el juego de la ruleta, cuando las personas a las que se prohibió la entrada participaron en él, "no dejó de practicarse con toda regularidad, sin manipulación alguna de la propia ruleta, sin sustituir la elección del número o números a cuyo favor se apuesta después del momento en que ello ya no es permitido, sin influir en momento alguno en el discurrir de la bola y del cilindro con sujeción, por tanto al azar del número en que la bola finalmente se pose".

Según la sentencia, en los referidos jugadores "hubo, sin más, la utilización del ingenio y la aplicación de la técnica informática para descubrir que en una o unas determinadas ruletas unos números tenían, por causas físicas atinentes a ligerísimas imperfecciones de construcción o colocación, imperceptibles a simple vista, más probabilidades que otros en resultar ganadores a lo largo de un tiempo de juego más o menos prolongado".

El Supremo señala que "la lícita reacción defensiva" de la empresa titular del casino "no pasa por la expulsión o prohibición de entrada de aquellos jugadores, sino por el cambio de emplazamiento de las ruletas, el intercambio de sus componentes, o la mejora en el diseño, construcción o asentamiento de unas u otros". En definitiva, el alto tribunal establece que los jugadores no hicieron trampa ni cometieron ninguna irregularidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal confirma así la resolución del delegado del Gobierno en Madrid, de agosto de 1994, que levantó la prohibición de acceso a los jugadores, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avaló esa decisión.